Trabajadores del Poder Judicial llevan a cabo paro nacional en rechazo a evaluación laboral; OAJ garantiza que no habrá despidos
El viernes 6 de noviembre, los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro laboral como protesta contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño implementado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), argumentando que esta medida podría comprometer su estabilidad en el empleo. La interrupción del trabajo inició desde las primeras […]

“El viernes 6 de noviembre, los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro laboral como protesta contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño implementado por el Órgano de Administración…”
El viernes 6 de noviembre, los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro laboral como protesta contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño implementado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), argumentando que esta medida podría comprometer su estabilidad en el empleo.
La interrupción del trabajo inició desde las primeras horas y se extendió a al menos 17 estados del país, con manifestaciones y el cierre de sedes en tribunales y juzgados federales.
Las entidades donde se reportaron estas movilizaciones incluyen Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
Motivos de la protesta de los trabajadores
La protesta se originó tras la publicación, el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de un acuerdo del OAJ que establece evaluaciones periódicas para el personal de carrera judicial, incluyendo secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Los empleados cuestionan los criterios para evaluar y temen que ciertos aspectos queden sujetos a interpretaciones subjetivas por parte de sus superiores y colegas, lo que podría dar pie a represalias y afectar sus derechos laborales.
Patricia Aguayo, representante del movimiento, aclaró que no están en contra de ser evaluados, sino que exigen que las pruebas sirvan para mejorar la capacitación profesional y fortalecer la administración de justicia, y no como pretexto para realizar despidos.
Por ello, solicitan al Órgano de Administración Judicial que retire el acuerdo actual y diseñe un nuevo mecanismo que garantice criterios objetivos y respete la antigüedad y estabilidad laboral de los empleados.
El OAJ asegura que las plazas no están en peligro
En respuesta a las manifestaciones, el Órgano de Administración Judicial negó que las evaluaciones previstas para diciembre de 2026 puedan implicar despidos o pérdida de plazas.
Precisó que la primera evaluación tendrá un carácter únicamente diagnóstico, sin aprobados ni reprobados, y que sus resultados no afectarán individualmente la permanencia de los trabajadores.
El organismo explicó que el objetivo de esta etapa inicial es identificar áreas que requieran capacitación, reforzar los conocimientos del personal y optimizar el desempeño de los órganos jurisdiccionales.
También indicó que la primera evaluación ordinaria se realizará tras concluir las acciones de formación correspondientes y reconoció el derecho de los empleados a manifestarse y expresar sus quejas.
Paro indefinido
Los trabajadores advirtieron que continuarán con la suspensión de labores hasta recibir una respuesta de las autoridades judiciales y que se revise el acuerdo que regula el nuevo sistema de evaluación.
Este conflicto representa un nuevo episodio de tensión interna dentro del Poder Judicial, en el contexto de los cambios institucionales derivados de la reforma judicial y las quejas sobre las condiciones laborales del personal de juzgados y tribunales federales.
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