¡Hasta 25 años de prisión para quienes recluten personas para el crimen organizado!

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales y establece penas privativas de libertad para quienes integren personas a grupos delictivos, con el fin de cerrar lagunas legales y fortalecer la protección a las víctimas.

Con 419 votos a favor, el dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes captan, inducen o reclutan individuos para sumarlos a organizaciones criminales o involucrarlos en actos ilegales.

Según la reforma, la pena para quienes cometan este delito será de 10 a 20 años de prisión, además de multas que oscilarán entre 5 mil y 50 mil días. Si el reclutamiento se lleva a cabo mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones aumentarán a 15 a 25 años de cárcel, con multas de 10 mil a 80 mil días.

Un aspecto fundamental establece que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado sin importar las circunstancias de su captación, buscando así reforzar la protección de los menores frente a las redes criminales.

La reforma también permite que las autoridades investiguen estos casos de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, ya que muchas personas reclutadas permanecen bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.

Durante la discusión, legisladores de diversos partidos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas laborales y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

Tras su aprobación en San Lázaro, la minuta fue remitida al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún falta completar los trámites necesarios para que las nuevas disposiciones entren en vigor.